El escritor rechazó las acusaciones de 18 inversores por el manejo de fondos destinados a producciones audiovisuales. Reconoció errores de gestión y comunicación, pero negó que haya existido fraude. Además, compartió un código QR para consultar planillas de gastos.
Hernán Casciari respondió a las acusaciones en su contra y salió a contestar públicamente después de que 18 inversores lo denunciaran penalmente por presuntas irregularidades en el manejo del dinero destinado a películas y otros proyectos audiovisuales de Orsai. A través de un video publicado en sus redes sociales, el escritor defendió el funcionamiento de la productora y rechazó las acusaciones de estafa y administración fraudulenta.
“No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto”, afirmó Casciari al comienzo de su descargo, en el que buscó explicar qué ocurrió con algunos de los proyectos financiados mediante aportes de particulares.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y cuestiona la administración de los fondos, la información contable entregada a los aportantes y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
“Hubo uno que salió mal”: qué reconoció Casciari
Durante su explicación, el escritor sostuvo que Orsai trabaja habitualmente en varios proyectos culturales al mismo tiempo y que uno de ellos tuvo resultados diferentes de los esperados.
“Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, señaló.
Casciari reconoció que hubo errores y admitió dificultades en la comunicación con los socios productores. También aseguró que durante 2025 pidió disculpas a los participantes de uno de los proyectos, identificado como Mano a mano.
Sin embargo, insistió en que los problemas no respondieron a una maniobra deliberada para perjudicar a quienes habían aportado dinero. Según su versión, las dificultades surgieron de errores de gestión y de la intención de desarrollar formas alternativas de financiar proyectos culturales.
El código QR con los gastos de las producciones
Como parte de su respuesta, Casciari publicó un código QR que permite acceder a planillas vinculadas con los gastos de las obras audiovisuales cuestionadas.
El escritor sostuvo que esa documentación busca aportar información sobre el funcionamiento económico de los proyectos y responder a los cuestionamientos de los inversores.
La difusión de esos archivos se convirtió en uno de los puntos centrales de su descargo. De todos modos, será necesario determinar si la información publicada responde a todos los requerimientos de los denunciantes y permite verificar los movimientos económicos señalados en la presentación judicial.
Qué reclaman los 18 inversores
Los denunciantes cuestionan el manejo de los aportes realizados para financiar distintas producciones audiovisuales, entre ellas La uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante.
Según la presentación, los participantes esperaban acceder a información detallada sobre el destino del dinero, conocer los resultados comerciales de las obras y recibir los retornos previstos en los acuerdos de inversión.
Los reclamantes sostienen que la documentación recibida no habría sido suficiente para reconstruir determinados movimientos financieros y solicitaron que se investigue si existieron irregularidades en la administración de los fondos.
También pidieron que se realice una revisión contable integral de los proyectos involucrados.
La causa judicial sigue abierta
En su descargo, Casciari dijo comprender la decepción de los aportantes, aunque rechazó que lo ocurrido pueda calificarse como estafa o fraude. También aclaró que los actores, actrices y otras figuras públicas que participaron en la difusión de los proyectos no tienen responsabilidad en el conflicto, según su versión.
La investigación deberá determinar si existieron incumplimientos contractuales o hechos que puedan constituir delitos. Hasta el momento, la denuncia no equivale a una condena y las responsabilidades deberán establecerse en el ámbito judicial.
El caso abrió un debate sobre los mecanismos de financiamiento colectivo en la industria audiovisual y sobre la transparencia que deben ofrecer los proyectos que reciben dinero de inversores particulares.
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