El escritor y creador de Orsai enfrenta una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta vinculada con el financiamiento colectivo de películas y series. Los denunciantes cuestionan el manejo del dinero, la falta de documentación respaldatoria y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los aportantes.
El escritor Hernán Casciari quedó en el centro de una controversia judicial luego de que 18 personas impulsaran una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a producciones audiovisuales de Orsai, el proyecto editorial y cultural que creó y dirige.
La presentación apunta a posibles delitos de estafa y administración fraudulenta y se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes buscan que se investigue cómo se administraron los aportes económicos y si se cumplieron las condiciones planteadas a quienes participaron del financiamiento de las obras.
El caso tomó mayor repercusión pública después de que Nicolás Expósito, uno de los productores que acudieron a la Justicia, explicara sus cuestionamientos en el programa televisivo Entrometidos en la tele.
Qué reclaman los denunciantes contra Hernán Casciari
Según el testimonio de Expósito, los aportantes solicitaron información detallada sobre los ingresos, los gastos y el destino del dinero recaudado para las distintas producciones. Sin embargo, sostienen que la documentación recibida no habría sido suficiente para aclarar sus dudas.
El grupo también afirmó que envió tres cartas documento para obtener documentación respaldatoria antes de avanzar con la denuncia penal.
Entre los puntos cuestionados aparecen decisiones comerciales que, según los denunciantes, se habrían tomado sin consultar a los socios productores, además de diferencias entre las expectativas económicas planteadas y los resultados que aseguran haber recibido.
Estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser evaluados por la Justicia. La presentación, por sí sola, no implica que exista una condena ni determina la responsabilidad penal del escritor.
Cómo funcionaba el financiamiento colectivo de Orsai
El sistema impulsado por Orsai proponía financiar películas y series mediante aportes de particulares que se incorporaban como socios productores de los proyectos.
La iniciativa buscaba reunir el dinero necesario para desarrollar las obras sin depender exclusivamente de grandes estudios o de los mecanismos tradicionales de financiación. Los participantes podían aportar fondos y formar parte de una comunidad vinculada con el desarrollo de las producciones.
El conflicto actual se centra en las condiciones de esos aportes, la información disponible sobre los movimientos económicos y el cumplimiento de los compromisos que, según los denunciantes, se habían establecido al convocar a los participantes.
La palabra de uno de los abogados querellantes
La venta de un proyecto también quedó bajo cuestionamiento
Otro de los aspectos mencionados por los denunciantes está relacionado con la venta de un proyecto de animación a la productora PEGSA. Según su versión, la operación contemplaba una devolución del dinero en cuotas, pero ese compromiso no se habría completado en los términos esperados.
Los aportantes también reclaman explicaciones sobre la administración de los recursos entre distintos proyectos y sobre la documentación que permitiría reconstruir las operaciones.
La investigación deberá determinar qué acuerdos existieron, cuáles fueron sus condiciones y si hubo incumplimientos que puedan tener consecuencias legales.
Por qué aparecen mencionados Darío Barassi, Andy Kusnetzoff y Diego Peretti
La repercusión del caso también alcanzó a figuras del espectáculo como Darío Barassi, Andy Kusnetzoff y Diego Peretti, quienes participaron en distintas acciones de difusión vinculadas con los proyectos de Orsai.
Su aparición en las coberturas responde a su participación pública en la promoción de la iniciativa. Esa circunstancia, por sí sola, no significa que estén acusados de los hechos denunciados ni que tengan responsabilidad en el manejo de los fondos.
Mientras la causa sigue su curso, el reclamo de los productores apunta a obtener información verificable sobre el destino del dinero y las obligaciones asumidas con quienes financiaron las producciones audiovisuales.