El Gobierno puso en marcha un programa que contempla aportes de hasta cientos de miles de dólares para solicitar la ciudadanía argentina por inversión. La iniciativa busca atraer capitales, pero abrió un debate político y jurídico.
El Gobierno de Javier Milei impulsa un controvertido programa que permite a ciudadanos extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte económico o la suscripción de títulos públicos. La propuesta apunta a captar inversiones y sumar recursos, aunque ya genera cuestionamientos por sus implicancias legales y constitucionales.
Según la información oficial, el esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal: realizar un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público por 800.000 dólares creado especialmente para el programa.
También se prevén condiciones para incorporar a familiares. Para un grupo integrado por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el aporte total informado asciende a 500.000 dólares.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca atraer capitales y fortalecer la integración internacional de la Argentina. El mecanismo incluye controles financieros y evaluaciones vinculadas con la transparencia y la seguridad.
Sin embargo, la propuesta abrió una discusión sobre los requisitos para obtener la nacionalidad y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo. La oposición y especialistas en derecho cuestionan su legalidad y anticipan una posible controversia institucional.
El debate recién comienza y uno de los puntos centrales será determinar cómo se aplicará el programa y cuáles serán sus límites jurídicos.