La jueza Laura De Marinis defendió este miércoles su decisión de declarar inaplicable el nuevo Régimen Penal Juvenil en el caso de un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo y cuestionó el pedido de juicio político impulsado desde el Gobierno porteño.
La magistrada, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que su resolución se limitó a las circunstancias particulares del expediente y rechazó que su decisión pueda interpretarse como un mensaje de impunidad.
“Que me digan que van a iniciar un juicio político por el fundamento de mis decisiones debilita las instituciones democráticas”, afirmó De Marinis durante una entrevista radial.
“Someter a un chico al sistema penal es estigmatizante”
La jueza explicó que el adolescente se encontraba fuera del sistema educativo y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, consideró que la respuesta penal no era proporcional y sostuvo que el Estado debía intervenir primero a través de los organismos de protección.
“Lo que estamos haciendo es conocer a un chico por el sistema penal cuando antes no lo conocíamos”, planteó.
Según explicó, su resolución no cuestiona de manera general la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, sino que analiza su aplicación en un caso concreto. También remarcó que la decisión puede ser revisada por una instancia superior.
La Fiscalía apeló y pidió apartarla
El conflicto judicial continúa. El Ministerio Público Fiscal porteño apeló el fallo de De Marinis y solicitó además su apartamiento de la causa. Ahora será la Cámara la que deberá analizar los argumentos de las partes y resolver si mantiene o modifica la decisión.
La resolución había generado una fuerte reacción política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó públicamente a la magistrada y anticipó que impulsaría un proceso para determinar su permanencia en el cargo. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, también anunció una presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño.
De Marinis, en tanto, defendió su actuación y sostuvo que las decisiones de los jueces deben ser cuestionadas mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial.
“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, señaló.
El caso quedó así abierto en dos frentes: por un lado, la discusión judicial sobre la aplicación del nuevo régimen penal para adolescentes de 14 años y, por otro, la ofensiva política que se inició contra la magistrada a raíz de su resolución.