El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para que entre en vigencia

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. Propone modificar los criterios para las internaciones involuntarias, ampliar el abordaje de las adicciones y redefinir el rol de los profesionales. Ahora deberá ser tratada por Diputados.

El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate antes de una eventual sanción definitiva.

La iniciativa modifica distintos aspectos de la Ley 26.657, vigente desde 2010, y plantea cambios en los procedimientos de internación, la participación de los profesionales de la salud, el tratamiento de las adicciones y la intervención de las familias.

Uno de los puntos centrales es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. El nuevo texto contempla la posibilidad de intervenir cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

Internaciones involuntarias: qué cambia

La reforma establece nuevas condiciones para las internaciones sin consentimiento del paciente. En situaciones excepcionales, un médico podrá disponer la medida cuando considere que existe un riesgo grave que requiere una intervención urgente.

La evaluación deberá contemplar tanto la situación actual de la persona como sus antecedentes y la evolución previsible si no recibe tratamiento.

En los casos de urgencia en los que intervenga inicialmente un solo médico, la decisión deberá ser revisada y ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.

El proyecto también establece mecanismos de comunicación con la Justicia y prevé la participación de familiares y representantes legales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

El objetivo planteado por el oficialismo es contar con herramientas para actuar antes de que una situación de riesgo se agrave. La internación involuntaria seguirá siendo considerada una medida excepcional.

El rol de psiquiatras y psicólogos

Otro de los aspectos que generó mayor discusión durante el tratamiento legislativo fue la conformación de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y los tratamientos.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba mayor protagonismo a los médicos psiquiatras. Sin embargo, luego de las objeciones de representantes provinciales y sectores vinculados con la Psicología, el oficialismo aceptó modificaciones.

El texto aprobado establece la intervención de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

De esta manera, se mantuvo la participación interdisciplinaria y se incorporaron cambios para evitar que las decisiones clínicas queden concentradas exclusivamente en una especialidad.

La ludopatía y otras adicciones quedarán contempladas

La reforma también amplía el abordaje de las adicciones dentro de las políticas de salud mental.

Entre las problemáticas que podrán recibir tratamiento se incorpora expresamente la ludopatía, es decir, la adicción al juego, además de otros consumos problemáticos y conductas adictivas.

El cambio apunta a ampliar las herramientas de prevención, diagnóstico y atención para personas que atraviesan estas situaciones.

También se contemplan modalidades de atención ambulatoria y domiciliaria, hospitales de día y dispositivos comunitarios, con el propósito de ofrecer distintas alternativas terapéuticas según las necesidades de cada paciente.

¿Qué pasará con los hospitales psiquiátricos?

Uno de los temas más debatidos fue el funcionamiento de los hospitales especializados en salud mental.

La reforma mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y conserva el principio de atención basado en los derechos de las personas. Sin embargo, incorpora modificaciones sobre el funcionamiento de los establecimientos especializados y su integración al sistema sanitario.

El senador bonaerense Maximiliano Abad acompañó la aprobación general, aunque expresó su rechazo a dos artículos vinculados con la continuidad de los hospitales monovalentes. El legislador consideró que mantener esas estructuras representa un retroceso respecto del modelo comunitario.

El financiamiento, otro punto de discusión

Durante el debate también hubo cuestionamientos sobre los recursos necesarios para implementar los cambios en las provincias.

Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que modificar la legislación no resolverá los problemas del sistema si no se garantiza el presupuesto para hospitales, profesionales, tratamientos y dispositivos de atención.

El oficialismo aceptó modificaciones para incorporar mecanismos de asistencia financiera y responder a los reclamos de las jurisdicciones.

La reforma ahora pasa a Diputados

Con la aprobación del Senado, el Gobierno consiguió avanzar con uno de sus proyectos vinculados al sistema sanitario. Sin embargo, la reforma todavía no está vigente: deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados.

Si obtiene el respaldo de la Cámara baja, el proyecto podrá convertirse en ley y establecer un nuevo marco normativo para la atención de la salud mental en la Argentina.

La discusión continuará centrada en cómo garantizar las internaciones excepcionales, la participación de los distintos profesionales, los derechos de los pacientes y los recursos necesarios para que los cambios puedan aplicarse en todo el país.

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