El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para analizar un nuevo planteo judicial contra la derogación de la norma que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En paralelo, la oposición busca llevar la discusión al Congreso.
La Ley de Tierras volvió al centro de la escena política y judicial en la Argentina. Este viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene previsto reunirse para analizar un planteo que podría reactivar, de manera provisoria, las restricciones a la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La controversia se originó a partir del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La normativa establecía límites a la propiedad extranjera sobre terrenos rurales con el objetivo de regular la concentración de tierras en manos de personas físicas y jurídicas de otros países.
Entre sus principales disposiciones, la ley fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También contemplaba restricciones por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en determinadas zonas de la región núcleo.
¿Qué puede resolver la Corte?
El nuevo capítulo judicial llega después de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la norma. En aquella oportunidad, el tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata por considerar que la entidad no tenía legitimación para impulsar ese reclamo.
Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que esa decisión no implicaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto en sí mismo ni impedía que otros planteos judiciales fueran analizados.
Ahora, el expediente impulsado por organizaciones civiles, comunidades indígenas y otros demandantes vuelve a poner en discusión el alcance de la derogación. Si prospera el pedido cautelar, las restricciones podrían recuperar vigencia de manera provisoria mientras continúa el proceso judicial.
La discusión también llega al Congreso
La controversia no se limita a los tribunales. Sectores de la oposición impulsan una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de debatir la derogación de la Ley de Tierras a través del DNU.
Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de las restricciones busca facilitar inversiones y promover la actividad productiva. Quienes cuestionan la medida, en cambio, advierten sobre sus posibles consecuencias para el control de los recursos naturales y la propiedad rural.
La resolución de la Corte y los movimientos en el Congreso serán determinantes para conocer cómo continúa una discusión que involucra inversiones, producción agropecuaria, soberanía territorial y el marco legal para la adquisición de tierras rurales en la Argentina.